<![CDATA[

(Expansión) – En el marco de la discusión legislativa del Paquete Fiscal de 2022 y, en específico, de la Ley de Ingresos de la Federación, en la cual se consideran niveles históricos de recaudación a través de una mayor fiscalización y a una cifra de crecimiento económico superior al consenso actual del mercado, entre otros elementos, las entidades federativas y los municipios serían potenciales beneficiarios del Paquete Fiscal que está siendo aprobado por el legislativo federal. La relevancia de las transferencias a las entidades federativas y los municipios radica en que éstas concentran más de una tercera parte del presupuesto federal a través de recursos de libre disposición, etiquetados o convenios. De igual forma, la dependencia de las entidades federativas y municipios es significativa, ya que más del 80.0% y 70.0% de sus ingresos, respectivamente, están asociados a estas transferencias.

Durante el año en curso se han presentado varios retos para el sector subnacional, el cual se ha visto afectado con un presupuesto federal reducido a causa de la pandemia y la complejidad para incrementar su recaudación propia dado el contexto económico y erogaciones extraordinarias a causa de la contingencia sanitaria. Las elecciones de 15 gubernaturas y más de 1,900 ayuntamientos implicaba la liquidación de obligaciones de corto plazo, tres meses previos a los cambios de administración, y esto ha afectado fuertemente a las entidades subnacionales, sobre todo en un deterioro de su liquidez. Algo interesante en esta nueva Ley de Ingresos de 2022 es que se contemplan incrementos reales para las transferencias de libre disposición y los recursos etiquetados de las entidades subnacionales, lo cual representa un panorama distinto para las entidades con respecto al año previo, cuando existían reducciones en las transferencias federales y la incertidumbre sobre la reactivación económica. Además de la relevancia en términos de disponibilidad de recursos y liquidez, los ingresos federales no etiquetados se consideran para el cálculo del techo de endeudamiento en que pueden incurrir las entidades federativas, es decir, determinar si se cuenta con un endeudamiento sostenible, en observación o elevado. De igual forma, el monto máximo de financiamiento está en función de los ingresos de libre disposición de las entidades. Por lo que, en caso de que así se requiera, podrían tener mayor flexibilidad de contratación de endeudamiento de largo plazo para financiar proyectos de inversión pública productiva, lo que es importante para los planes de cada estado y municipio.

Los recursos etiquetados son de los últimos que se ven impactados ante una reducción recaudatoria. Mientras tanto, con respecto a los recursos de libre disposición, o participaciones federales, si bien se encuentran directamente relacionados al comportamiento de la Recaudación Federal Participable, el Fondo de Estabilización todavía cuenta con recursos aproximados de 30 mil millones de pesos, lo que podría mitigar el impacto de una menor recaudación. Como conclusión y en un entorno económico complejo, una mayor distribución de transferencias federales podría mejorar la perspectiva de las entidades subnacionales para encarar el próximo ejercicio fiscal. Sin embargo, una tarea pendiente continúa siendo la creación y evaluación de incentivos para incrementar la recaudación propia de las entidades subnacionales en el mediano y largo plazo, de forma que ante una reducción de transferencias federales como la ocurrida en 2021, el impacto pueda ser mitigado con recursos propios. Nota del editor: Roberto Soto es Director de Finanzas Públicas Estructuradas e Infraestructura en la agencia calificadora HR Ratings. Síguelo en LinkedIn. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

]]> Fuente: Expansión

Por admin

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.