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(Expansión) – Hay palabras que no se las lleva el viento. Su vigencia permanece y, lo que es peor, resultan ser escalofriantes vaticinios y con altas posibilidades de convertirse en realidad. En agosto de 2020, António Guterres, secretario general de la ONU, advirtió: “Ahora enfrentamos una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades ya de por sí arraigadas”. Los brutales impactos de la pandemia en millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) significaban el telón de fondo de aquel discurso, que hoy está tomando forma en México.

A casi un año de la pandemia, ya se cuenta con más elementos sobre la trayectoria que ha tenido el cierre de escuelas de todos los niveles educativos y, por tanto, es posible afirmar que la deserción escolar se ha disparado y, junto con ella, otros demonios como el trabajo infantil. El COVID-19 ha sido una bomba para detonar la vulnerabilidad de NNA, pero no ha sido lo único. Si se evaluara la efectividad de las políticas públicas, habría una larga argumentación alrededor del evidente desinterés de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia ellas y ellos y, si nos dejáramos ir por el arrebato, bien se podría pensar que este sector de la población no es prioritario porque no representa votos, no se le pueda sacar raja política, no importa. Hace unas semanas, Ricardo Bucio dejó la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y Patricia Colchero fue nombrada como encargada del despacho. Las razones de la salida de Bucio no se conocen, pero en el ambiente domina la aflicción ya que el SIPINNA ha sido uno de los blancos de ataque del presidente y, aunque no lo puede eliminar de un plumazo, existe la preocupación de que lo mantenga en el ostracismo. Por si esto no fuera suficiente, hay algo más desalentador: no se tiene la suficiente información para medir los alcances que la pandemia ha provocado en NNA y, consecuentemente, será todo un trabuco diseñar políticas públicas que cambien su suerte. En 2019, se consideraba que había 3.3 millones de NNA trabajando (cuyas edades oscilaban entre los 5 y los 17 años). De esa cantidad, 2 millones realizaban “trabajos no permitidos” y 1.2 millones “trabajos peligrosos”. Con la pandemia, se habla de que hasta 1.7 millones de NNA se han sumado a la estadística. Pero, más allá de la frialdad de estas cifras, no hay una fuente oficial de información que permita conocer con claridad los impactos que la pandemia ha provocado en NNA. La última referencia es la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, cuyos resultados fueron recabados en el último bimestre de 2019 y que contó con el financiamiento del Departamento del Trabajo de Estados Unidos. En estos momentos se está levantando la actualización de la Encuesta ENCOVID19 Infancia que UNICEF ha realizado en conjunto con la Universidad Iberoamericana y su Centro de Investigación EQUIDE, la cual se dará a conocer en marzo y, aunque la tasa de desocupación se recuperó ligeramente a finales de 2020, se estima que el ingreso de las familias permanezca bajo y, por tanto, sus integrantes coman menos y mal, haya una precarización en la seguridad alimentaria, pero sobre todo se registre un mayor abandono escolar y un disparo en el trabajo infantil. No gusta la narrativa, evidentemente, pero es muy posible que haya más NNA víctimas de la explotación laboral, de la prostitución, del tráfico de drogas, etcétera.

El trabajo infantil es un monstruo de 1,000 cabezas, global, pero que en México está muy arraigado. En las zonas rurales hay una mayor incidencia de NNA trabajando en condiciones indignas. También, hay un trabajo doméstico invisible que impacta fundamentalmente a las niñas. El confinamiento ha orillado a que muchos padres de familia no vean un “retorno” en la educación y frente a eso obliguen a sus hijos a trabajar. La crisis económica, que presiona los ingresos del hogar, los ha llevado a tomar esa decisión y es así que NNA son parte de la economía informal. Sí, la catástrofe generacional está a la vista, pero aún estamos a tiempo de recurrir al timón que significan las políticas públicas para revertir estas afectaciones. No hay una sola medida que lo resuelva todo. Está estudiado y probado que los programas de protección social, principalmente las transferencias monetarias, tienen un impacto positivo en la reducción del trabajo infantil, pero los resultados son mejores cuando hay una complementariedad de los programas y el apoyo económico es acompañado de asistencia alimentaria, servicios de salud, entrega de útiles escolares… La película completa en torno de la tragedia de NNA en tiempos de pandemia no se conoce del todo. De acuerdo con información proporcionada por la Oficina en México de la OIT, actualmente se está trabajando un modelo para medir los riesgos del trabajo infantil en México, que se nutrirá de los datos oficiales disponibles y que contará con la colaboración de la CEPAL. Entre sus objetivos está disponer de un sistema que permita establecer compromisos claros y plazos para revertir la actual tendencia, pero principalmente promover y materializar un plan nacional en contra del trabajo infantil. Lo que se mide, se puede mejorar, pero si no se sabe el estado que guarda un fenómeno no es posible hacer los correctivos necesarios. Si el lema presidencial es primero los pobres, millones de NNA son parte de esta categoría. Urge un plan para evitar el destino fatal que plantea Guterres. A menos que se piense que después de 2024 no hay nada. ********** “Los pronósticos no son muy buenos”, lanza Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM). “Se estima un abandono escolar de 10% en estudiantes de educación básica y de 8% en educación media superior. Los NNA no son prioridad”. “Se empieza a notar una deserción escolar, sobre todo en los hogares más pobres”, dice Catalina Gómez, jefa de Protección Social de UNICEF México. “Todos los caminos nos llevan a una afectación en el ingreso y, aunque no es una decisión fácil, muchas familias se ven forzadas al trabajo infantil. El llamado es a que pongamos atención en estos grupos de menores recursos”. “México ratificó los dos Convenios de la OIT sobre Trabajo Infantil y eso presupone que el gobierno tiene que rendir cuentas”, sostiene Pedro Furtado, director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba. “2021 es el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil y es una oportunidad para poder cuantificar el impacto de la pandemia”. Nota del editor: Jonathán Torres es periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

]]> Fuente: Expansión

Por admin

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