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(Expansión) – El lobbying, con miras a una de las papas más calientes de la coyuntura nacional, se activó inmediatamente. Dos días después de la entrega del Paquete Económico 2022, Rogelio Ramírez de la O tuvo su primer encuentro con los empresarios más influyentes y poderosos del país. El 10 de septiembre, a través de una videoconferencia, el Secretario de Hacienda fue parte de la Junta de Consejeros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y, con los protocolos del momento, recibió los pros y los contras que se observan específicamente en la política fiscal. Dominó la concordia, con algunos granos de sal.

Al cónclave asistieron cerca de 150 consejeros del CCE -que representan a los diversos organismos empresariales como Concamin, Concanaco, Coparmex, CMN, CNA, ABM, entre otros-, que pusieron sobre la mesa varias observaciones a la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2022. Atento, el Secretario de Hacienda tomó nota y se comprometió a crear grupos de trabajo, entre los sectores público y privado, para en su caso acotar y/o precisar algunas de las disposiciones propuestas en el plan fiscal. Pero la carta del gobierno ya está echada: dado que la llamada cuarta transformación tiene ya muy comprometido su gasto social, está empeñada en fortalecer su fiscalización para financiar sus programas sociales y otros proyectos. Es decir, está claro que no hay forma de sacarle dinero a las piedras, pero lo que sí es posible es eliminar cualquier resquicio para que los contribuyentes burlen el pago de sus impuestos. No estamos frente a una reforma fiscal, pero la iniciativa en la materia registra, aproximadamente, 150 reformas y, la mayoría de éstas, se encuentran en el Código Fiscal de la Federación, las cuales tienen el objeto de robustecer las facultades de las autoridades para una mayor fiscalización. Con esto, lo que más preocupa es que los ajustes den paso a la subjetividad y eso permita que el cobro de impuestos se sujete al juicio de las autoridades correspondientes. En aquella reunión entre Rogelio Ramírez de la O y el CCE hubo coincidencias y algunas señales de preocupación. En primer lugar, los empresarios agradecieron que se conservara la tasa cero y no se considerara la exención del IVA a alimentos y medicinas, para que así se mantenga vigente la posibilidad de recuperar el IVA en las devoluciones pues, en caso contrario, el sector privado tendría que considerar un incremento de precios. El segundo planteamiento tiene que ver con la obligatoriedad de que todos los mexicanos mayores de edad, a partir del 1 de enero de 2022, deberán solicitar su RFC. Para los empresarios, está medida es plausible y empata de alguna forma con uno de sus planteamientos: crear una Cédula Única de Identificación Fiscal. Así, obligar a todos los mexicanos con más de 18 años de edad a tener su RFC permitirá rastrear sus pasos y, sobre todo, empezar a ubicar a quienes son parte de la economía informal. Los empresarios, sin embargo, han levantado las cejas, por ejemplo, en dos asuntos: Uno, la introducción de un criterio llamado “razón de negocios” en la aplicación del ISR; la reforma plantea que se considerarán como dividendos los intereses que se deriven de préstamos otorgados por partes relacionadas, cuando las operaciones de financiamiento carezcan de una “razón de negocios” a criterio de las autoridades fiscales (dichos financiamientos ocurren, por ejemplo, para un gasto de operación, para el pago anticipado a un proveedor, en fusiones o reestructuraciones). Dos, la eliminación de los APA (Advance Pricing Agreements), que resultan ser prácticas mundiales para fijar precios entre el contribuyente y la autoridad. Particularmente, la industria maquiladora podría resultar afectada. En el ambiente, además, persisten los temores que advierten que la cacería contra los grandes contribuyentes continuará, que las cabezas de Miguel Alemán y Alejandro del Valle no serán las únicas por caer, que pueda venir una sorpresa en los impuestos a refrescos, bebidas alcohólicas y tabaco.

Como sea, hay una narrativa que empieza a ganar terreno que tiene que ver con el hecho de que quien genera más ingresos, consecuentemente, debe contribuir más. Pero, también, deben estar considerados los apoyos para la generación de riqueza, que hoy no se alcanzan a visibilizar del todo. Los programas sociales son muy necesarios, pero también las políticas para la reactivación económica. La receta para enfrentar estos tiempos consiste en un simple placebo. El lobbying en el Congreso se diversifica por varios frentes. Aunque no están instaladas las comisiones ordinarias de Hacienda y Presupuesto, los empresarios ya tienen listo su plan para acercarse a los legisladores. La valoración que hoy se tiene es que los integrantes de la actual Legislatura cuentan con más experiencia y oficio que los anteriores diputados. Evidentemente, los legisladores de Morena son el objetivo. ********** Según el gobierno, el Paquete Fiscal 2022 tiene tres pilares: apoyos a la población más vulnerable, estabilidad y solidez de las finanzas públicas manteniendo la prudencia fiscal y el apoyo a proyectos regionales de inversión que generen desarrollo social. Nota del editor: Jonathán Torres es socio director de BeGood, Atelier de Reputación y Storydoing; periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

]]> Fuente: Expansión

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