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(Expansión) – En días anteriores el Senado aprobó un paquete de reformas que modifican la regulación del outsourcing en México. Su publicación podría representar el fin de un debate en torno a la subcontratación de personal y la regulación de empresas que se dedican a esta actividad. Sin embargo, aunque la reforma en balance es positiva, tiene riesgos que deben atenderse y no será suficiente para atender retos mayúsculos que tiene aún el mercado laboral mexicano. La iniciativa para regular el esquema de outsourcing surge desde el Ejecutivo el año pasado. Su objetivo central era “poner en orden” las malas prácticas de cumplimiento de normas laborales presentes en algunos segmentos del sector de empresas dedicadas a la subcontratación. Esta iniciativa respondía a un largo debate respecto a la necesidad de atender y proteger los derechos de los trabajadores.

Hasta antes de la iniciativa presentada por el presidente se barajeaba la opción de eliminar por completo la figura del outsourcing . Plantear esta alternativa ponía en riesgo el trabajo de 4.1 millones de personas que, de acuerdo con los más recientes Censos Económicos, trabajan bajo este esquema de contratación. Afortunadamente, lo aprobado por el Congreso no va en este sentido. Si bien la reforma plantea la prohibición de la subcontratación de personal, deja abierta la puerta a la subcontratación de trabajadores para servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Esto debe ofrecer certidumbre a una proporción de las empresas y los trabajadores de este sector. Sin embargo, de acuerdo con ManpowerGroup, existe un escenario donde aproximadamente el 70% de los empleados subcontratados pasarán a esquemas laborales sin seguridad social, la informalidad o el desempleo. Es necesario dar seguimiento a las consecuencias no deseadas derivadas de esta reforma, y la más importante es el riesgo de incrementar la informalidad y el desempleo. Esto es particularmente importante ya que aún nos faltan por recuperar hasta 2.7 millones de empleos perdidos por la pandemia y más de un millón de negocios quebraron durante el último año. Por otra parte, la reforma regula con mejores instrumentos de monitoreo el cumplimiento de la ley. Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo indican la creación de un registro de empresas de subcontratación. Estas empresas tendrán que acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para darse de alta en el padrón. También se implementan sanciones para quien no permita inspecciones laborales y se establece un monto máximo de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), esto último con el fin de reducir el costo de la reforma para algunas empresas.

Esta reforma a la subcontratación, junto con otras como los aumentos al salario mínimo y la reforma a las aportaciones patronales a pensiones conforman ya una serie de modificaciones a las normas laborales que podrían tener efectos en el mercado laboral en el corto y largo plazo. Qué tanto se materialicen los riesgos de informalidad y desempleo, así como las mejoras de condiciones laborales, estará en función de su implementación. El registro y monitoreo debe ser ágil y no obstaculizar e imponer costos desproporcionados a empresas, especialmente pequeñas y medianas. Probablemente el plazo de tres meses para cumplir con los requerimientos de información y registro no sean suficientes para algunos segmentos de empresas. Además, se debe monitorear el comportamiento de trabajadores subcontratados que pierdan su empleo o pasen a esquemas informales. Esta ola de reformas a la legislación laboral no será suficiente para resolver los problemas más apremiantes del trabajo en México. Tal vez esta tendencia por tratar de mejorar los mercados laborales nos abra la puerta a otras discusiones como la de la seguridad social universal y seguros de desempleo como alternativa para enfrentar la informalidad. Otra discusión necesaria es la relativa a la reducción del costo del trabajo formal. Queda esperar a conocer los efectos de estas modificaciones en el empleo y evaluar la implementación de los instrumentos de vigilancia de cumplimiento de las leyes laborales. Esperemos que este sea el camino correcto para garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores y que sus consecuencias sean mínimas. Por ahora, el outsourcing especializado continúa siendo una opción viable para una parte de trabajadores y empresas, y eso les da un respiro. Nota del editor: Luis Mauricio Torres Alcocer es Coordinador de operaciones y análisis económico del Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ). Síguelo en Twitter y/o en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

]]> Fuente: Expansión

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