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(Expansión) – La palabra está empeñada. La ley para regular el outsourcing es cosa juzgada. Esta semana se esperan los últimos detalles para afinarla, por lo que su envío a la Cámara de Diputados es inminente y, aunque aún pasará por una acalorada discusión legislativa, vendrá una profunda depuración de una industria que hoy cuenta con cerca de 4,000 empresas dedicadas a ello. ¿Es el fin del outsourcing? Mientras que los reflectores han estado puestos en torno de la suerte de la Ley Eléctrica, cinco funcionarios de alto nivel de la llamada cuarta transformación han endurecido sus posturas alrededor del outsourcing y prácticamente serán ellos los que no cejarán en modificar los términos de la subcontratación en México. Luisa María Alcalde (Secretaria del Trabajo), Raquel Buenrostro (Jefa del SAT), Zoé Robledo (Director del IMSS), Carlos Romero (Procurador Fiscal) y Santiago Nieto (Titular de la UIF) son el núcleo duro del equipo presidencial para que la iniciativa de ley sea aprobada durante el presente periodo ordinario de sesiones.

Al cierre de la semana pasada, algunos de los funcionarios citados mantenían las encías endurecidas frente al tema. Por ejemplo, Carlos Romero Aranda durante la presentación del libro Outsourcing, tercerización o subcontratación laboral, advirtió: “Es muy sencillo, línea de captura u orden de captura”. Bajo los ojos del Procurador Fiscal se pervirtió tanto el mercado de la subcontratación que al final el negocio era “quien robaba más al fisco” y acusó de malas prácticas a algunos jugadores de la industria que en ciertos casos solo daban de alta un día del mes a los trabajadores frente al IMSS o los registraban con un sueldo base de 166 pesos, cuando éste debía ser de 865 pesos (421% más). Así, las negociaciones que arrancaron el pasado 9 de diciembre en el marco del acuerdo tripartita entre los empresarios, los sindicatos y el gobierno respecto a la subcontratación, están en la fase decisiva y se espera que haya un acuerdo durante el curso de esta semana. El punto que mantiene divididas las posturas es el monto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas (mejor conocido como el PTU), ya que mientras el sector privado pide fijar su monto a un mes, máximo, las autoridades y los sindicatos exigen más tiempo. “Para el gobierno, fijar el PTU a 30 días es una posición inaceptable”, sostiene un funcionario de alto nivel que pide no ser identificado. Los empresarios, en tanto, no alcanzan a ubicar los tonos que tendrá la iniciativa de ley propuesta por el Ejecutivo. Sí, han sido parte de las negociaciones evidentemente pero la última palabra la tiene el gobierno y, frente a eso, quisieran pensar que el documento tendrá varios ajustes, no condenará a la industria, pero no lo tienen del todo claro. En su cancha solo está argumentar los malos escenarios sin outsourcing. Así, por ejemplo, el campo podría ser una víctima. Según información proporcionada por el CNA, ante los ciclos naturales de la agricultura, los jornaleros se van moviendo a diferentes regiones y pueden permanecer cuatro meses en campo abierto y seis en agricultura protegida. La cosecha puede representar incrementos de 100% del personal solo por algunas semanas o pocos meses. Un porcentaje alto de trabajadores agrícolas salen de su lugar de origen y trabajan por periodos cortos en distintas empresas y diferentes regiones. “La subcontratación permite que siempre sea para un mismo empleador. Desde el primer día cuentan con todas sus prestaciones, seguridad social y estén bajo la formalidad. Sin darlos de baja y alta en cada cambio, lo que permite acumular antigüedad”. Por otro lado, una encuesta levantada por la AMECH sostiene que, del universo total de empleados que son parte del outsourcing (4 millones 600,000), más de 3 millones 200,000 dejarían de tener seguridad social y otras prestaciones, en caso de desaparecer el modelo; de esta cifra, 10% (460,000) pasarían a esquemas de tipo cooperativas y sindicatos, mientras que 60% (2 millones 760,000) pasarían a esquemas tipo honorarios, asimilados a salarios o derechos de autor.

Como sea, la iniciativa impulsada por AMLO llegará muy pronto al Congreso y los momios apuntan a que se apruebe por la vía del fast track. Hay algunas versiones que vaticinan que, después de que se apruebe en la Cámara de Diputados, se construirá una narrativa que promueva la “victoria de los trabajadores”, se bajen un poco las animosidades, la iniciativa pase al Senado pero para entonces ya no haya tiempo de aprobarla (la LXIV Legislatura termina el próximo 16 de julio) y entonces se discuta hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones que arrancará en septiembre. Pero, eso, se ve poco probable pues el gobierno pretende cocinarla ya, antes de las elecciones intermedias. La subcontratación no se eliminará y su regulación se basará en tres prioridades: evitar la evasión fiscal, garantizar los derechos de los trabajadores y disponer de un registro de empresas en el IMSS. Además, la implementación de la ley consideraría un periodo de 3 a 6 meses. “El Presidente está trabajando un proyecto, no sabemos cómo van los acuerdos, pero ya tenemos nuestro análisis y, en cuanto llegue la iniciativa, nuestra obligación es tomar una decisión a la brevedad”, dice Anita Sánchez Castro, diputada por Morena y secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Absolutamente nadie puede ir en contra de la cacería contra quienes han abusado de la subcontratación. Pero vale la pena tener un diagnóstico más claro del outsourcing en la actividad económica y de los impactos que se tendrían ante una ley que sostenga que todos los jugadores del sector están cortados con la misma tijera. Hay bandidos y sobre esos todo el peso de la ley. Las manzanas podridas deben ser cortadas, pero no todo el árbol. También se debe reconocer que los derechos laborales fueron pisoteados y eso es inadmisible. Ojalá que lo que salga del horno sea término medio. ********** El caso Raúl Beyruti abre muchos frentes. Al margen de su orden de captura, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, falta saber más. ¿Quién sigue? ¿Qué estado guardan los contratos de las empresas que tenían sus nóminas bajo la administración de Grupo GIN? ¿A cuánto asciende el quebranto hacia los trabajadores y quién les resarcirá el daño? Nota del editor: Jonathán Torres es periodista de negocios, consultor de medios, exdirector editorial de Forbes Media Latam. Síguelo en LinkedIn y en Twitter como @jtorresescobedo . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

]]> Fuente: Expansión

Por admin

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