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(Expansión) – Las empresas del sector energético están enfrentadas ante la indeseable situación de entablar nuevas demandas contra el Gobierno de México por la lesión que causará a sus inversiones la eventual aprobación de la iniciativa preferente en materia eléctrica y otra que probablemente esté preparando el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de hidrocarburos. Las demandas tendrían otro costo incalculable para las compañías a raíz del también inconmensurable tiempo que pudieran durar los procedimientos ante tribunales mexicanos y paneles internacionales.

Esta estrategia fue planteada a las corporaciones energéticas por los despachos de abogados litigantes que asesoran a las cámaras empresariales, sin calcular estos costos ni las probabilidades de triunfo, sopesando los caminos jurídicos que tiene el presidente para defenderse de sus argumentos. Hoy es probable que como prueba de éxito ofrezcan el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó despojar a las empresas de energía solar y eólica del primer lugar que ocupan para tener acceso a la red de distribución de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, para colocar en su lugar a las plantas hidroeléctricas de la propia CFE, con su energía limpia, pero no tanto como la de las primeras. Sin embargo, es importante que las empresas escuchen otras voces una vez que esta resolución versa sobre el campo de la Comisión Federal de Competencia (CFC), quien interpuso la controversia constitucional ante la SCJN, por lo que quedó sin juzgar el principio de seguridad energética, eje de la iniciativa preferente de López Obrador. Este concepto implica la obligación del gobierno de asegurarse que haya flujo de energía para todos en el país y sin que ninguna nación pueda supeditar su suministro a que México acepte sus condiciones. Conservar las energías solar y eólica en el primer lugar, como hasta ahora, impide que el abasto quede garantizado por tratarse de fuentes intermitentes, amén de que varias empresas que la producen tienen su origen en otros países. Es audaz, por decir lo menos, que los despachos consideren que si se convierte en ley la iniciativa será declarada inconstitucional por la SCJN, a pesar de que el Gobierno Federal ponga en la mesa el concepto de seguridad energética y que los paneles internacionales decidirán que México viola tratados como el de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC), cuando argumente razones de seguridad nacional. Pero suponiendo que López Obrador previera esto, tendrá aún como último recurso lanzar en el presente periodo de sesiones una reforma constitucional que abarque a todo el sector energético, antes de que el proceso electoral del próximo mes de junio ponga en riesgo la mayoría calificada con la que cuenta gracias a los partidos que lo apoyan en el Congreso. Por esto, es imperioso que el sector haga lo que debió desde un principio: escuchar a profesionales del cabildeo ético y emplear a la negociación como la primera herramienta que tienen las organizaciones para manejar una crisis política, en vez de utilizar la última que es el litigio.

Si la reforma eléctrica del presidente es hoy la única iniciativa a discutir, es porque las cámaras que aglutinan al sector decidieron abstenerse de presentar propuesta legislativa alguna, luego de sentarse a la mesa de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados el mes de marzo del año pasado. Al preferir rechazar cualquier cambio a la política energética, los legisladores se quedaron esperando sugerencias que incluyeran, por ejemplo, ayudar a crear un sector social en la generación de energía eólica y solar. Pero si el sector aceptara a la seguridad energética como base de la nueva política oficial, el sector tendría elementos para negociar diferentes beneficios a cambio de acceder a peticiones como la de los legisladores. Propongo que las empresas de electricidad e hidrocarburos tomen este reto y presenten una propuesta legislativa propia, para evitar proseguir con una estéril confrontación que los dañará junto a todo el pueblo de México. Nota del editor: José Jorge Martínez es socio y consejero experto en cabildeo ético y manejo de crisis políticas en la agencia Psiquepol. Síguelo en Twitter y/o escríbele a jose.jorge@psiquepol.com Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor. Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

]]> Fuente: Expansión

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